La patriota Esperanza Aguirre regalando pisos a inmigrantes.¿Esto no genera efecto llamada?
En España cuando un inmigrante ilegal lleva tres años residiendo en el país, nuestra legislación, contra toda lógica, considera que esto es una muestra de arraigo que le permite regularizar su situación, como se dice coloquialmente "conseguir los papeles".
Esta situación descabellada ha llegado a parecernos normal por lo cotidiano, pero no lo es y de hecho va contra toda lógica que el cometer una ilegalidad de forma pertinaz y sostenida en el tiempo, en lugar de ser un agravante se convierta en un eximente que para colmo conlleva como premio la regularización de dicho ilegal.
¿No sería más lógico que una persona que reconoce haber entrado y permanecido ilegalmente durante un periodo de tres años tenga un castigo superior al que lo ha hecho durante un mes?
¿No sería más lógico que la persona que reconoce haber estado trabajando en la economía sumergida durante tres años, es decir, defraudando a Hacienda tenga un castigo superior al que lo lleva haciendo durante un mes?
¿No sería más lógico que la persona que lleva disfrutando tres años de servicios públicos gratuitos sin tener derecho a ello sea castigada con mayor dureza que la persona que por llevar un mes en España aún no ha hecho uso de dichos servicios?
Pues según nuestra legislación, cuando una persona puede demostrar que lleva más de tres años asentada ilegalmente en España, esto no sólo no demuestra su nulo respeto por las leyes laborales y de inmigración, ni su nulo respeto por los españoles que sostienen con su esfuerzo los servicios de los que disfruta libremente el ilegal, sino que demuestra arraigo en nuestra sociedad y se le premia con la regularización de su situación.
¿Alguien puede imaginar que por llevar defraudando a Hacienda más de tres años, como recompensa quedemos eximidos del pago de impuestos de por vida?
¿Alguien puede imaginar que a un maltratador que lleve más de tres años pegando a su mujer se le reconozca el derecho a seguir pegándola impunemente?
¿Si yo llevo tres años desayunando, comiendo y cenando en la cadena de restaurantes VIPS (conocida cadena de comida basura tristemente famosa por despedir españoles para contratar a inmigrantes), yéndome sin pagar en todas las ocasiones, el Estado deberá obligar a dicha cadena a mantenerme para siempre?
¿Es menos grave acaso conducir un día sin carnét que llevar haciéndolo de forma cotidiana durante tres años? ¿No debería reconocerse al este conductor ilegal su derecho a seguir haciéndolo de forma indefinida?
¿Si yo ejerzo la medicina de forma ilegal durante más de tres años, porque carezco de la titulación correspondiente, permitirá el Estado que regularice mi situación regalándome un bonito Doctorado?
El que un inmigrante lleve más de tres años residiendo de forma ilegal en España debería considerarse un agravante que conllevara no sólo la expulsión inmediata como le ocurre a cualquier otro inmigrante, sino que en su caso debería exigírsele el pago de una importante suma de dinero que compensara al Estado por los servicios disfrutados en este periodo de tiempo sin tener derecho a ello, siendo su país de origen responsable subsidiario de todos los gastos de educación, sanidad etc. generados por el infractor.
Esta situación descabellada ha llegado a parecernos normal por lo cotidiano, pero no lo es y de hecho va contra toda lógica que el cometer una ilegalidad de forma pertinaz y sostenida en el tiempo, en lugar de ser un agravante se convierta en un eximente que para colmo conlleva como premio la regularización de dicho ilegal.
¿No sería más lógico que una persona que reconoce haber entrado y permanecido ilegalmente durante un periodo de tres años tenga un castigo superior al que lo ha hecho durante un mes?
¿No sería más lógico que la persona que reconoce haber estado trabajando en la economía sumergida durante tres años, es decir, defraudando a Hacienda tenga un castigo superior al que lo lleva haciendo durante un mes?
¿No sería más lógico que la persona que lleva disfrutando tres años de servicios públicos gratuitos sin tener derecho a ello sea castigada con mayor dureza que la persona que por llevar un mes en España aún no ha hecho uso de dichos servicios?
Pues según nuestra legislación, cuando una persona puede demostrar que lleva más de tres años asentada ilegalmente en España, esto no sólo no demuestra su nulo respeto por las leyes laborales y de inmigración, ni su nulo respeto por los españoles que sostienen con su esfuerzo los servicios de los que disfruta libremente el ilegal, sino que demuestra arraigo en nuestra sociedad y se le premia con la regularización de su situación.
¿Alguien puede imaginar que por llevar defraudando a Hacienda más de tres años, como recompensa quedemos eximidos del pago de impuestos de por vida?
¿Alguien puede imaginar que a un maltratador que lleve más de tres años pegando a su mujer se le reconozca el derecho a seguir pegándola impunemente?
¿Si yo llevo tres años desayunando, comiendo y cenando en la cadena de restaurantes VIPS (conocida cadena de comida basura tristemente famosa por despedir españoles para contratar a inmigrantes), yéndome sin pagar en todas las ocasiones, el Estado deberá obligar a dicha cadena a mantenerme para siempre?
¿Es menos grave acaso conducir un día sin carnét que llevar haciéndolo de forma cotidiana durante tres años? ¿No debería reconocerse al este conductor ilegal su derecho a seguir haciéndolo de forma indefinida?
¿Si yo ejerzo la medicina de forma ilegal durante más de tres años, porque carezco de la titulación correspondiente, permitirá el Estado que regularice mi situación regalándome un bonito Doctorado?
El que un inmigrante lleve más de tres años residiendo de forma ilegal en España debería considerarse un agravante que conllevara no sólo la expulsión inmediata como le ocurre a cualquier otro inmigrante, sino que en su caso debería exigírsele el pago de una importante suma de dinero que compensara al Estado por los servicios disfrutados en este periodo de tiempo sin tener derecho a ello, siendo su país de origen responsable subsidiario de todos los gastos de educación, sanidad etc. generados por el infractor.
